La Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Cádiz, Patricia Navarro, ha notificado a Ecologistas en Acción que ha remitido al Juzgado de Ubrique la denuncia presentada por el colectivo para que se incoen las oportunas diligencias previas tendentes a esclarecer si, tal y como entiende la Fiscalía, la construcción de un bloque de 24 viviendas en Benaocaz pudiera tener significación penal.
VSegún ha explicado el colectivo ecologista en un comunicado, denunció ante la Fiscalía al exalcalde socialista Rafael Reyes por haber dado licencia de obras para la construcción del mencionado bloque, ‘con altura y edificabilidad muy superior a lo permitido’ por las normas urbanísticas del municipio.
Agrega que la licencia fue otorgada por el entonces alcalde ‘a pesar de constar sendos informes técnicos contrarios del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación de Cádiz, que advertían que el proyecto incumplía de forma grave las normas urbanísticas’.
Señala que el hecho es ‘más grave’ si se tiene en cuenta que esta parcela era de propiedad municipal y estaba destinada en las normas urbanísticas del municipio a la construcción de VPO. Sin embargo, el alcalde habría vendido la parcela a una empresa constructora para la construcción de 24 viviendas de renta libre, lo que supone ‘una doble ilegalidad’.
Ecologistas en Acción entiende que puede haber también responsabilidades penales por parte de otros políticos que, a sabiendas de que se estaba construyendo este bloque ‘ilegal’, no actuaron.
En este sentido, resalta que las denuncias fueron presentadas en enero de 2008, cuando el bloque estaba todavía en construcción. Los ecologistas recurrieron entonces a responsables de las delegaciones provinciales de Medio Ambiente y Obras Públicas y al por entonces presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema. Los ecologistas afirman que todos estos justificaron su inacción en que el casco urbano de Benaocaz no está dentro del Parque Natural, lo que es ‘manifiestamente falso’.
Apuntan que fue otro alcalde, Juan María Mangana (PP), el que dictó un decreto suspendiendo los efectos de la licencia de obras, anulación que fue ratificada por sentencia de 6 de octubre de 2009 del Juzgado número uno de lo Contencioso-Administrativo de Jerez de la Frontera.
Sin embargo, el edificio sigue en pie en la actualidad y el Ayuntamiento de Benaocaz, otra vez presidido por un alcalde socialista, ‘no ha emprendido acción alguna para restaurar la legalidad urbanística, reponer el terreno a su estado anterior y reclamar la titularidad pública de estos terrenos por haber sido la venta manifiestamente ilegal’.
Ecologistas en Acción entiende que los responsables públicos referidos pudieran haber incurrido en delitos de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, delito de prevaricación urbanística, delito de prevaricación, delito contra la ordenación del territorio y fraude especial cometido por autoridad abusando de su cargo
