Ecologistas en Acción critica que tanto el consistorio ubriqueño como la Junta busquen «triquiñuelas» en lugar de aplicar la ley, ya que la vivienda infringe diferentes normas urbanísticas.
Ecologistas en Acción denuncia que el Ayuntamiento de Ubrique y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAyOT) están tramitando una nueva ampliación de la mansión que construyó de forma ilegal el empresario Jose Luis López, El Turronero, en suelo no urbanizable de ese municipio con la justificación de que se va a convertir en un hotel. Estas edificaciones «ilegales», señala la organización, se han levantado en Cerro Mulera, entre los parques naturales de la Sierra de Grazalema y Los Alcornocales.
Hay que recordar que José Luis López es un conocido empresario ligado al mundo de la construcción, condenado por la sección octava de la Audiencia Provincial en el conocido caso ‘Estación de Autobuses’, por el que también cumple condena el exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco.
Ecologistas considera esto «un nuevo escándalo, cuando creíamos que la especulación urbanística ya era cosa del pasado». La organización lamenta que «estas administraciones, que son las responsables de la disciplina urbanística, en vez de aplicar la ley y ordenar la demolición de todo lo construido ilegalmente, están buscando triquiñuelas para amparar y blindar una mansión ilegal de más de 1.000 metros cuadrados».
Cuando se iniciaron en 2009 las obras de esta mansión —que cuenta con bodega, boxes para coches, piscina cubierta, aparcamientos y terrazas ajardinadas, entre otros lujos—, «ni el Ayuntamiento ni la Junta hicieron nada por paralizarlas», critica el colectivo ecologista, que recuerda que solo cuando denunció esto a a la CMAyOT, la Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda instó al Ayuntamiento a actuar. Si bien el Consistorio serrano llegó a incoar varios expedientes sancionadores, no ordenó la demolición de lo ilegalmente construido como exige la ley. «Entonces comienza a urdirse una trama para impedir la demolición y amparar estas edificaciones ilegales, con el apoyo del propio Ayuntamiento y de la CMAyOT, que asesoran al propietario para que presente un Plan de Actuación con el supuesto objetivo de reconvertir la mansión en hotel —eufemísticamente denominado Complejo Turístico Rural en Cerro Mulera—, garantizándole que se lo legalizarían», explica Ecologistas. De esta manera, «sólo le pidieron que pagara las sanciones económicas, que ascendían a 105.811 euros, por lo que el tema de la infracción urbanística se dio por cancelado por parte del Ayuntamiento y la CMAyOT».
El supuesto hotel, añade el colectivo ecologista en un comunicado, nunca ha estado abierto al público, siendo una mansión de uso privativo del propietario y su familia. «Pero el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía han seguido consintiendo este fraude legal, llegándose al esperpento de declarar unas edificaciones ilegales de «Utilidad Pública e Interés Social”.
Ahora, además, «se pretende duplicar la superficie construida, de nuevo con el beneplácito de Ayuntamiento y CMAyOT, a pesar de que estas edificaciones infringen las normas urbanísticas de Ubrique, e incumplen claramente el artículo 42 de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (LOUA), pues no reúne ninguno de los requisitos para su declaración de Utilidad Pública e Interés Social y no hay ninguna justificación legal —más allá que la de impedir su demolición— para la construcción de este hotel en suelo no
urbanizable, existiendo suelo urbano y urbanizable en Ubrique para construir un hotel legal».
Ecologistas en Acción ha presentado en el Ayuntamiento de Ubrique numerosas alegaciones contra este proyecto especulativo y también se ha dirigido al secretario general de Ordenación del Territorio de la CMAyOT para exigirle que se den instrucciones a la Inspección de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda para que investigue estos hechos, dejen de avalar este proyecto, y que conforme dispone el artículo 195.4 de la LOUA, «se pongan estos hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal por si los responsables de estas actuaciones hayan podido incurrir, por acción u omisión, en los presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística y de omisión de perseguir delitos».
