El matrimonio Janeiro Campanario entrando a los juzgados junto a la madre de ella. | Cata Zambrano
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Se reanuda el juicio tras validarse las escuchas telefónicas
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María José Campanario no se adhiere a las conformidades
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Comienzan las declaraciones de los acusados en el caso
La mayoría de los 25 acusados implicados en la ‘operación Karlos’ ha cerrado un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal. Entre ellosno se encuentra María José Campanario, esposa del matador de toros retirado Jesulín de Ubrique.
El juicio se ha reanudado este viernes después de que el tribunal diera validez a las escuchas telefónicas que son la piedra angular de la instrucción y despachara las cuestiones previas que habían presentado las defensas.
El propio fiscal ha leído a la sala de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz la lista de los acusados que reconocen los hechos que se les imputan. Con este reconocimiento se les concede una reducción de la pena que inicialmente solicitó el Ministerio Público.
Inicialmente son 13 los conformados, a los que se sumarían Carlos Carretero, principal implicado, y su novia Elisa Calvente. El fiscal ha nombrado a nueve de los acusados que ya han pactado, entre los que se encuentra el médico de atención primaria Harold Escalante, además de beneficiarios por las pensiones de invalidez fraudulentas.
A esta primera lista, se suma Isabel Gil Borrego, acusada por la letrada de la Seguridad Social. El listado se completa con las adhesiones en sala de José Luis López Fernández, conocido como ‘El Turronero’, además de Luis Carretero y Manuel Gómez Hidalgo.
En el caso de ‘El Turronero’ su declaración autoinculpatoria podría afectar a la defensa de inocencia de María José Campanario y el inspector médico Francisco Casto, ya que José Luis López estaba acusado de actuar como intermediario para realizar las presuntas gestiones para conseguir una pensión de invalidez para la madre de la mujer de Jesús Janeiro, Remedios Torres.
La sala ha decidido conceder un nuevo receso, el segundo a lo largo de la mañana, para decidir si los conformados prestan declaración o no. Los abogados de la defensa de Campanario y Casto, Francisco Baena Bocanegra y Felipe Meléndez, respectivamente, han mostrado sumalestar al tribunal por la posibilidad de que comiencen los interrogatorios, ya que consideran que "no se ajusta a la resolución judicial" en la que se programó para este viernes la continuidad de las cuestiones previas.
Los letrados alegan que no están preparados para preguntar a los acusados, lo que conllevaría la "indefensión" de sus clientes. Las declaraciones estaban programadas inicialmente para el 11 de mayo.
Precisamente, las declaraciones de los inculpados han comenzado con la deposición de Harold Escalante, que habría firmado informes médicos de pacientes a los que no reconoció. Sólo responde a las preguntas del fiscal y su abogado, se niega a responder a la acusación particular y resto abogados defensa.
Carretero, el cerebro
Los acusados que han llegado a una conformidad con el Ministerio Fiscal, en su mayoría beneficiarios de pensiones fraudulentas, han señalado a Carlos Carretero como la persona que les realizó las gestiones. En algunos de los casos, según las declaraciones escuchadas en la sala de vistas, los beneficiarios llegaron a pagar para estos trámites.
Varios de los acusados han declarado que no recordaban a cuánto ascendieron estos pagos, como el caso de Miguel Sánchez Gutiérrez, quien ha asegurado, a preguntas del fiscal, que la cantidad que abonó "era regular", lo que ha provocado las risas del propio Carretero.
Por su parte, José Roldán Rincón, acusado como beneficiario y que ha reconocido los hechos que se le imputan, ha confesado que fue Carretero quien "por amistad" se ofreció a gestionarle una pensión de invalidez. Al acusado, un médico de la localidad de Villamartín le diagnosticó una depresión, por lo que le aconsejó que cambiara su rutina y saliera de Ubrique, donde residía.
Ha confesado que fue Carlos Carretero quien le ofreció que se mudara a un piso de su padre en la capital gaditana, y así lo hizo. Las gestiones realizadas le procuraron una pensión de invalidez que ha cobrado durante año y medio. También ha declarado a la sala que se vio en varias ocasiones con el inspector médico Francisco Casto, también acusado, en las instalaciones de la Unidad de Valoración de Incapacidades Laborales, en la capital gaditana.
De las declarantes, sólo uno, Juan José Vázquez Llucia, ha especificado que pagó 9.000 euros a Carlos Carretero para "los trámites de gestoría" para conseguir una pensión de invalidez.
El presidente del tribunal ha levantado la sesión y suspendido la vista oral hasta el próximo 11 de mayo, fecha en la que continuarán las declaraciones de los acusados