El exjefe de la Policía Local de Ubrique reconoce los hechos para beneficiarse de una importante y significativa rebaja de la pena de cárcel ,
Dicen los que conocen a Carlos Carretero que la ostentación que hizo de la fortuna que amasó fue lo que desató el principio del fin de todo lo que él mismo había ideado. La Agencia Tributaria sospechó que ese lujo que parecía repentino no correspondía demasiado con lo que cobraba un funcionario, exjefe de la Policía Local de Ubrique, al que no se le conocía otro trabajo remunerado por lo que decidieron tirar del hilo.
Las primeras pesquisas se centraron en una red de empresas, la mayoría tenían como razón social actividades relacionadas con la marroquinería. Sus cuentas tampoco cuadraban. A algunas de ellas se les podía asignar un volumen de ventas cuatro veces mayor que su registro de compras, que a veces era inexistente.
La investigación fue encontrando todas las piezas del puzzle y colocándolas para llegar a la conclusión de que esa estructura empresarial ficticia tenía como único objetivo facilitar facturas falsas a empresarios, de la Sierra y Jerez, para que lograran beneficios en las declaraciones del IVA y del Impuesto de Sociedades. Al frente de ese entramado, cuya investigación se denominó ‘operación Halcón’, estaba Carlos Carretero.
A juicio, 16 años después
Dieciséis años después de esos hechos y tras ser juzgado y condenado a cuatro años de cárcel por la ‘operación Karlos’, este martes, el exjefe de Policía acudía puntual a su nueva cita con la Justicia. A las diez de la mañana y acompañado de su pareja, Elisa Calvente, también acusada como la «verdadera lugarteniente» de este entramado, entraban diligentes y sin mediar palabra con la prensa en la Audiencia Provincial con sede en Jerez. Lo hacían relativamente tranquilos, tal vez conscientes de que el pacto de conformidad estaba ya casi atado. Se sentaban en el banquillo junto a otros 17 procesados en la misma causa.
La vista comenzaba una media hora después. Tras plantearse las cuestiones previas se hacía un receso para que las partes también acordaran las posibles conformidades. Al regreso a la sala, el tribunal, presidido en esta causa por la magistrada Lourdes Marín, rechazaba las cuestiones planteadas por los letrados acerca de la vulneración del secreto de comunicaciones y del principio acusatorio, así como la indefensión alegada por dos abogados refiriéndose a los escasos medios con los que cuenta el turno de oficio, «estamos de acuerdo pero su solución no es materia de este tribunal», le replicaba la magistrada. Por contra, sí estimaban la cuestión relacionada con la «excepción de la cosa juzgada», en referencia a un acusado que ya había sido condenado por estos hechos y que en ese momento abandonaba aliviado la sala junto a su abogado.
A continuación, catorce de los dieciocho procesados aceptaban el acuerdo con el Ministerio Público mostrando su «conformidad» con las acusaciones del fiscal. Todos ellos sí respondieron a las preguntas del Ministerio Público y del Abogado del Estado pero no a las de las defensas. El primero en hacerlo fue Carlos Carretero, el considerado como cerebro de la trama. El expolicía admitía «en su totalidad» los tres delitos fiscales y uno continuado de falsificación documental en documento mercantil imputados por el fiscal en base al acuerdo.
Catorce de los dieciocho acusados de la ‘operación Halcón’ admiten haber formado parte de la trama para conseguir beneficios
Cobro de comisiones
Carretero, que se mostró pausado ante las preguntas, confesó con breves respuestas afirmativas que fue él quien creó el entramado societario y que sí había cobrado comisiones por la emisión de facturas falsas a otras empresas. No se ocultó en reconocerse como el responsable de dicha red de empresas que no tenían ninguna actividad comercial sino el único y último fin de crear estas facturas ilícitas para defraudar a la Hacienda Pública.
Se extendió algo más en apuntar hacia dos de los presuntos testaferros, A. R., y su marido J. G. G., «que ahora viven en uno de los mejores sitios de Ubrique», dijo, y, para exculpar a otra de las acusadas, Y. P., que, según afirmó, «no tiene nada que ver».
Al igual que Carretero, su mujer, también admitió los tres delitos fiscales y el de falsificación documental del que se le acusa, por ser la «encargada de llevar la contabilidad real del grupo y de la confección material de las facturas».Según expuso a la presidenta del tribunal, ella era la «administrativo», que sí tenían relación de amistad con el procesado S. M., considerado «hombre de confianza» de Carretero y que habían cobrado comisiones.
Según el abogado de ambos, Alfredo Velloso, el acuerdo con el Ministerio Fiscal (que según confirmó en las cuestiones previas ya había reducido los delitos fiscales contra la Hacienda Pública en su escrito a tres de los once que se le imputaban en un principio) además de la atenuante de dilaciones indebidas, los hechos se remontan al año 99 y ha estado en instrucción desde 2005, se traducirá con toda seguridad en una rebaja «importante» y «sustancial» de las penas de prisión, que inicialmente ascendía a 36 años de cárcel.
Uno de los acusados confiesa que recibió regalos «de 200 a 500 euros» tras firmar facturas en blanco
Así, de los 18 procesados–que han ocupado tres bancadas de la sala–, todos menos cuatro, han aceptado la conformidad y han admitido que formaron parte de este entramado sirviendo de testaferros y colaboradores necesarios de la red formada para defraudar a Hacienda y cobrar comisiones. Se les acusa de un delito de falsedad continuada y de asociación ilícita por lo que podrían aceptar cinco meses de cárcel por cada uno de esos delitos.
Economía sumergida
El exjefe de la Policía, que ya ha cumplido cuatro años de condena por la ‘operación Karlos’ y salió recientemente de Puerto III, ideó entre 1999 y 2000 este entramado para beneficiarse de empresas que realizan su actividad en la economía sumergida para venderles estas facturas y que ellos pudieran justificar de alguna manera su compras y ventas. Así estas empresas irreales emitían las facturas que luego vendía a estas otras sociedades que las usaban también para desgravar en sus declaraciones de IVA y del impuesto de sociedades. Al frente de estas empresas pantallas ponía a testaferros que tras firmar «facturas en blanco»recibían regalos de «200 a 500 euros», tal y como admitía ayer sin recato uno de ellos ante el tribunal.
El cuñado de Carretero, copropietario de cuatro empresas, también admitió que dichas sociedades no tenían actividad alguna y que sólo se usaban para emitir facturas. Otro de los acusados admitió incluso haber comprado una empresa sin tener capital propio, algo que le pareció «raro». Según afirmó, por firmar como le pidió Carretero el poder no recibió «nada a cambio».
La vista se reanuda este miércoles con la declaración de los cuatro procesados con los que no ha habido conformidad con Fiscalía y la práctica de pruebas, que se reducen considerablemente al igual que el número de testigos, estimándose el 8 ó 9 de marzo para la finalización del juicio.