La titular del Juzgado de Ubrique cita al principal imputado, el ex arquitecto municipal, para comprobar si pagó obras de su casa, o cobró en especie, como dijo el contratista
Rosa Romero / Cádiz | Actualizado 14.01.2010 – 05:01
La actual titular del Juzgado de Instrucción Único de Ubrique, que reactivara hace cuatro meses el caso del supuesto cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Grazalema tras más de dos años de parón judicial, ha ordenado la práctica de nuevas diligencias. Una de ellas, crucial sin duda: una prueba pericial caligráfica de la firma del principal imputado en el caso, el ex arquitecto municipal Juan Prieto, que fuera detenido, junto a contratistas y promotores de la obra que provocó el desvío del río Guadalete en pleno casco urbano de Grazalema, durante la Operación Pinsapar.
La operación, desplegada por la Guardia Civil, se inició tras denunciar la entonces y aún hoy alcaldesa de Grazalema, María José Lara Mateos, en mayo de 2006 que promotores y constructores de la obra que desvío el río le habían dicho que el arquitecto municipal pedía comisiones.
La investigación de los guardias llevó a la cárcel al arquitecto y al contratista de la obra, Cristóbal David Barrera, al decir éste que pagó a Prieto una comisión de 36.000 euros, según consta en un acta que levantó el secretario del Consistorio serrano de la reunión que dicho contratista, junto a otros arquitectos y un promotor de la actuación, llevada a cabo pro la empresa Inmocentral, mantuvo con la alcaldesa y otros ediles de su gobierno. Una comisión que, según la confesión del contratista (que negó luego haber dicho tal cosa), habría cobrado Prieto en especie, en obras que le realizaron en su casa, a cambio de que la empresa de Barrera ejecutara las obras de la primera promoción de viviendas de Inmocentral en la plaza de la Asamblea. La del desvío fue la segunda.
Junto a Prieto y el contratista, que saldrían de la cárcel tras pagar cada uno una fianza de 50.000 euros, fueron detenidos dos representantes de Inmocentral, Raúl Gascón Aparicio y Rafael Torres Sánchez; Antonio del Canto, arquitecto de Ubrique; y José Antonio Martínez, ingeniero industrial de esa localidad. A estos seis imputados se les sumaría luego el anterior alcalde y tío de la regidora, Antonio Mateos.
La juez ha dictado una providencia en la que ordena que Prieto comparezca el próximo jueves en el Juzgado para la prueba caligráfica, junto a agentes de la Policía Judicial. Estos últimos deberán determinar si corresponde al ex arquitecto la firma existente en un abono realizado en una entidad bancaria supuestamente para pagar obras hechas en su casa por parte del contratista que terminó denunciándolo.
Cabe recordar que una de las escuchas autorizadas por el Juzgado durante la investigación del caso sorprendieron al contratista tratando el asunto con un empleado del banco. En concreto, se trata de una conversación telefónica que Barrera mantuvo, poco después de que, tras su detención, testificara ante el juez, con un trabajador de Unicaja, en la que le decía «eso es menester que lo mires no vayamos a tener problemas». Previamente, el empleado le dijo al contratista (refiriéndose a su declaración ante el juez): «Lo de la casa, qué, que tú le has hecho la obra y que te está pagando mediante pagarés y ya está, ¿no?». De modo textual, el contratista le contestó al trabajador de Unicaja: «Lo tendremos que ver porque me pidieron el número de cuenta de los pagarés donde lo habían cargado y lo más seguro es que miren la cuenta».
Así las cosas, la comparecencia de Prieto deberá aclarar definitivamente quién pagó a quién y por qué.
La juez, de otro lado, ha citado para este viernes a otras personas para declarar sobre el caso.
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