La fiscal de Medio Ambiente ha remitido al Juzgado de Ubrique la denuncia de Ecologistas
En la imagen, bloque de 24 pisos construido en una ladera en Benaocaz, en terreno municipal destinado a VPO.
El pasado mes de octubre, Ecologistas en Acción envió a la Fiscalía una denuncia por la construcción de un bloque de 24 viviendas erigido en una ladera en Benaocaz. Y justamente ahora, cuando se cumplían los seis meses que el Ministerio público tiene para investigar, la fiscal de Medio Ambiente ha contestado a l colectivo que su denuncia ha sido remitida al Juzgado de Ubrique, para que se incoen diligencias, al entender que los hechos "pudieran tener significación penal".
Ayer, el portavoz de Ecologistas, Juan Clavero, dio a conocer la noticia, recordando que denunciaron al exalcalde de la localidad serrana José Rafael Reyes Pérez (PSOE) por haber dado licencia de obras para la construcción de un enorme bloque con altura y edificabilidad muy superior a lo permitido por las normas urbanísticas de Benaocaz. La licencia, incide el ecologista, fue otorgada por el entonces alcalde "a pesar de constar sendos informes técnicos contrarios del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación de Cádiz, que advertían que el proyecto incumplía de forma grave las normas".
"El hecho es más grave si se tiene en cuenta que esta parcela era de propiedad municipal y estaba destinada a la construcción de VPO. Pero el alcalde vendió la parcela a una empresa constructora, Procicu S.L., para la construcción de 24 viviendas de renta libre, lo que supone una doble ilegalidad", denuncia Clavero. Ecologistas considera además que "puede haber también responsabilidades penales por parte de otros políticos que no actuaron". A este respecto, Clavero relata que, en enero del 2008, cuando el bloque aún estaba en construcción , presentaron sendas denuncias ante el director del parque natural -Miguel Ángel Maneiro-, la delegada de la Consejería de Obras Públicas -por entonces Silvia Gómez, actual delegada de la CMA-, y el entonces presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema, Antonio Perales. " Ninguno de estos responsables públicos hizo nada, permitiendo la terminación de las obras".
Sería otro alcalde, Juan María Mangana (PP) el que, vía decreto, suspendió la licencia de obras, anulación que fue ratificada por sentencia de 6 de octubre de 2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez, tal como informó en su día este diario.
A día de hoy, el edificio sigue en pie, "y el Ayuntamiento de Benaocaz, otra vez presidido por un alcalde socialista, no ha emprendido acción alguna para restaurar la legalidad urbanística, reponer el terreno a su estado anterior y reclamar la titularidad pública de estos terrenos por haber sido la venta manifiestamente ilegal", critican los conservacionistas.
En último término, Clavero señala que los responsables públicos mencionados "pudieran haber incurrido en sendos delitos de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, prevaricación urbanística, prevaricación, contra la ordenación del territorio, y fraude especial cometido por autoridad abusando de su cargo".
