El pueblo de Ubrique defendió la legalidad de la República frente al golpe de Estado del 18 de julio de 1936
© Por Fernando Sígler Silvera.
El pueblo de Ubrique resistió el golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936 y defendió el régimen legal de la Segunda República. La legalidad republicana se mantuvo en este municipio hasta la entrada de las tropas rebeldes el 27 de julio siguiente. Cuando se produjo el levantamiento militar contra la República, el alcalde de Ubrique era entonces Manuel Arenas Guerrero, quien en la tarde del mismo día 18 de julio, requirió al comandante del puesto de Carabineros y al oficial de la Guardia Civil para que, con las fuerzas a su mando «colaborasen (…) en el mantenimiento del orden», «dada la escasez de fuerzas de la Guardia Municipal y las noticias alarmantes que circulan, que, aunque de muy dudosa veracidad, producen inquietud en las diversas masas políticas». La misma tarde del 18 de julio fueron encarceladas 18 personas de derechas, que permanecieron en el calabozo hasta el 27 de julio, fecha en que fueron puestas en libertad por las tropas de regulares que tomaron el pueblo ese día. A las siete y media de la tarde del 19 de julio, el cabo de Carabineros, Manuel Casillas Aguilera, comunicó al alférez de la Guardia Civil, Marceliano Ceballos, que acababa de recibir un telegrama del teniente coronel primer jefe de la Comandancia de Cádiz -plaza ya ganada por los sublevados-, en el que anunciaba que había declarado el estado de guerra y le instaba a hacerse cargo de la comandancia militar de la población en caso de no existir «clase más caracterizada de Guardia Civil» para el mantenimiento del orden. Casillas trasladó esta orden a Ceballos, en su calidad de «superior más caracterizado con residencia en esta villa», y Ceballos, a las ocho de la tarde del mismo día, se dirigió por escrito al alcalde y le expresó: «Desde este mismo momento me hago cargo de la Comandancia Militar de esta plaza». Pero Marceliano Ceballos se hizo cargo del poder militar de Ubrique manteniéndose fiel a la legalidad republicana.
En la declaración que prestó al mes siguiente, una vez detenido por las fuerzas sublevadas, Marceliano Ceballos afirmó que tras recibir la comunicación sobre el telegrama del comandante militar de Cádiz declarando el estado de guerra, y una vez asumido el mando militar de la plaza de Ubrique, se puso inmediatamente en contacto telefónico con el primer jefe de la Comandancia de Cádiz, para que le informase de si había dado alguna orden «con respecto al movimiento», y que éste le manifestó que no, y que debía acatar las órdenes de sus jefes naturales, que de todas formas no recibió, según afirmó.
Además, Ceballos subrayó que al día siguiente por la mañana volvió a llamar por teléfono a la Comandancia de Cádiz y que habló con un guardia escribiente, apellidado Franco, que le dijo que estaba de guardia y que no tenía conocimiento de que la Comandancia hubiese transmitido orden alguna. Ceballos añadió que al día siguiente volvió a pedir informe a la Comandancia, «por si ya habían dado algunas órdenes», pero que en esta ocasión no consiguió contactar con nadie porque la telefonista le manifestó que «la línea se encontraba cortada».
En medio de estas circunstancias confusas, miembros de las organizaciones obreras de la localidad se presentaron ante la Alcaldía «para ofrecerse en auxilio del régimen». Este ofrecimiento se tradujo el día 23 de julio en la formación de un Comité de Defensa de la Villa de Ubrique, presidido interinamente por el socialista Marcos León López y completado por el también socialista José Marín Gómez como vicepresidente (ambos eran gestores desde febrero) y por los vocales Marceliano Ceballos, comandante militar; Manuel Casillas Aguilera, sargento de la Guardia Civil; Francisco Martín Repollet, guardia civil; Andrés García Fernández, de la Sociedad de Obreros Marroquineros ‘El Avance’, de UGT; Antonio Núñez Pérez, del Centro Obrero de Agricultores, de CNT; y Pedro Jiménez Sánchez, de la Sociedad de Obreros Zapateros, de CNT.
En su primera reunión fue nombrado presidente el ugetista Andrés García Fernández.
El mismo día 23 de julio, el Comité de Defensa anunció, mediante un bando firmado por su presidente, Andrés García, que asumía el «gobierno y defensa de la población sin perjuicio de las atribuciones que competan a cada autoridad», y establecía las primeras medidas para evitar una situación caótica y asegurar el abastecimiento de alimentos y demás productos básicos a la población.
Se garantizaba la no alteración del «régimen de abastos en lo más mínimo», y se pedía al vecindario «concurir como siempre a los sitios de costumbre a abastecerse, tomando los artículos en la cantidad que acostumbrase sin tratar de acaparar más cantidad de pan que la acostumbrada a cada familia». Del mismo modo, se prevenía contra la especulación de los precios de los productos de primera necesidad, y se aseguraban los servicios médicos del pueblo «tan pronto como se inicie la lucha contra los rebeldes».
El día 24 el Comité había abierto una suscripción pública «con destino al abastecimiento de las fuerzas defensoras de la villa».
Una comisión, nombrada por el Comité, se hizo cargo de la recepción de donativos y de la distribución de los suministros entre las fuerzas defensoras. Formaban parte de ella dos gestores de febrero, miembros de UGT, CNT y partidos republicanos.
© Fernando Sígler Silvera.
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