La Consejería de Medio Ambiente (CMA) está tramitando un decreto para modificar los límites del Parque Natural Sierra de Grazalema, así como el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), con el fin de que los ayuntamiento puedan recalificar suelos actualmente protegidos.
La Consejería argumenta la necesidad de modificar los límites y zonificación del parque natural debido a que “la delimitación de los núcleos urbanos de El Bosque y Ubrique en la provincia de Cádiz y Montejaque en la provincia de Málaga no se corresponde, por error, exactamente con la delimitación de suelo urbano y urbanizables aprobada en los correspondientes instrumentos de planificación urbanística vigentes a la fecha de aprobación del mencionado PORN, por lo que es necesaria su modificación”.
La legislación vigente deja claro que tanto el PORN como el PRUG prevalecen sobre los planes urbanísticos, y que, en todo caso, deben ser éstos los que se deben adecuar a los límites y zonificación estipulados en el PORN y PRUG. Tanto en la anterior Ley de Espacios Naturales Protegidos como en la vigente Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se estipula que (Art. 18.2): “Cuando los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos naturales y, en general, física, existentes resulten contradictorios con los Planes de Ordenación de Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos. En tanto dicha adaptación no tenga lugar, las determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos”. Lo mismo se estipula para el PRUG.
Según Ecologistas en Acción, la Consejería de Medio Ambiente “debe exigir a estos ayuntamientos que modifiquen sus PGOU’s para adatarlos al PORN y PRUG, protegiendo los suelos que ahora contemplan como urbanizables a pesar de que están protegidos en la normativa del parque natural”.
En Ubrique lo que se pretende es modificar los límites del parque natural para incluir una promoción de apartamentos en la carretera de Benaocaz, según se teme el grupo ecologista. Cuando se iniciaron las obras de este bloque de apartamentos en plena burbuja inmobiliaria, fue denunciado por Ecologistas en Acción, “pero ni el Ayuntamiento ni la CMA hicieron nada al respecto”. Actualmente es una promoción a medio construir y abandonada con alto impacto paisajístico según este colectivo. La Junta Rectora acordó solicitar al Ayuntamiento de Ubrique que reconsidere esta actuación. También se pretende excluir del parque natural la plaza de toros (construida de forma ilegal dentro de este espacio protegido) y todos su entorno, incluido un valioso olivar, para permitir su urbanización.
Montes afectados
En El Bosque, la modificación podría afectar al Monte Público Sierra de Albarracín, y que según la Ley 2/92 Forestal de Andalucía, tiene la consideración de suelo no urbanizable. El PGOU de El Bosque lo declaró parte de este monte público como suelo urbano, lo que es ilegal, y ahora se pretende modificar los límites el parque natural para así intentar consolidar esta actuación irregular. La Junta Rectora acordó mantener la protección de este monte público. También se pretende excluir del parque natural una amplia zona entre el casco urbano de El Bosque y el río Majaceite “con claras intenciones urbanísticas”.
La modificación de la zonificación del PORN entorno al núcleo urbano de Villaluenga es el único que tiene justificación real, según los ecologistas, ya que esta zonificación protege todos los terrenos, lo que impide el más mínimo desarrollo urbanístico, ni siquiera para equipamientos o viviendas de protección oficial, en esta población.
Ecologistas en Acción propuso en la Junta Rectora, siendo apoyado por el presidente y alcalde de Villaluenga, que se aceptara esta modificación siempre que no se sobrepasaran los límites del POTA y se mantenga en los crecimientos del pueblo su tipología actual, tanto en edificaciones como en trazado viario.
La Consejería de Medio Ambiente ha seguido tramitando dicho decreto “incumpliendo incluso los acuerdos de la Junta Rectora del parque natural antes reseñados; más aún, en el borrador del decreto se asegura que ha sido aprobado por la Junta Rectora en sesión celebrada el 28 de julio de 2011, lo que es manifiestamente falso”, concluye Ecologistas en Acción.
La Junta desmiente a Ecologistas pero reconoce que hay disfunciones entre los planos y el decreto
La delegada provincial de Medio Ambiente, Silvia López, desmintió “tajantemente” la afirmación de Ecologistas en Acción de que se vaya a producir un cambio en los límites del Parque Natural Sierra de Grazalema que disminuya su extensión y abra las puertas a urbanizar los suelos ahora protegidos. Según indicó, “es cierto que se está redactando un decreto, pero que no altera las dimensiones del parque tal y como se describen en el decreto que lo creó”. López explicó que “la literatura de ese decreto no coincidía al cien por cien con los planos, al contener estos algunas incorrecciones. En otras palabras, el plano incluía dentro de la zonificación del Parque Natural terrenos que, por ser urbanos, debían quedar fuera según afirmaba el texto del decreto. Se trata de una simple corrección de errores en los planos, que en ningún caso hace que los suelos no urbanizables de especial protección pierdan esa clasificación”.
López admitió que se ha introducido un cambio en el texto, pero es a raíz de una sentencia judicial y afecta a la zona del parque que se sitúa en la provincia de Málaga. Una sentencia ha hecho que una vía pecuaria deje de considerarse como tal, y por lo tanto, en el texto –en el que se la cita como parte de la descripción de los límites del parque- ahora deja de llamársele así. El límite, en todo caso, sigue idéntico y sólo varía su
descripción. Hay un tercer cambio, en Villaluenga, para permitir el desarrollo urbanístico del municipio, que sí alteraría la zonificación del parque “e incluso los Ecologistas le ven justificación real a esta medida”, explicó López.
Por último, la delegada desmintió que el nuevo decreto que se está redactando vaya en contra de las decisiones adoptadas por la Junta Rectora del Parque.
