En las entrañas de la ‘operación Karlos’: Así se gestó el fraude que llevó al banquillo a María José Campanario
En Ubrique, el corazón de la serranía gaditana, las propias autoridades han pedido a sus vecinos desterrar el estigma de la población en los platós de la televisión. Aunque ya llueve sobre mojado. Ubrique cuenta con unas 20.000 almas y, por sus calles, aún se recuerda el runrún de que algo se cocía en sus casas. Era la época de la economía sumergida. Hace años, Ubrique contaba con un número importante de habitantes, pero su ‘declaración’ como capital de la industria de la piel atrajo a familias y más familias a la localidad, tratando de hacer fortuna en un nuevo ‘El Dorado’, la capital del cuero. La población subió y los niños se multiplicaron. Luego se estabilizó. Ahí comenzó toda esta historia.
Por las calles de Ubrique circula un Porsche que penetra en una gran mansión. Es el coche del ex jefe de la Policía Municipal. Su nombre es Carlos Carretero Máñez, inhabilitado en su cargo por las torturas que infringió por un pequeño hurto a un joven, ‘El Pajarito’. El Supremo confirmó el delito y lo inhabilitó. Entonces, supuestamente, montó el tinglado. Según Wikipedia, Ubrique ha tenido en su historia tres importantes personajes: un retablista, un escultor y, por supuesto, un torero. Ahora habrá que añadirle el nombre de Carretero, o Carlos ‘El conseguidor’, aquel antiguo policía que conducía su Porsche por la ciudad y maravillaba con su enorme residencia y que se convirtió en el presunto cabecilla de las dos mayores tramas de fraude público desarticuladas en la geografía gaditana.
Todo comenzó en el último trimestre de 2005, cuando la Agencia Tributaria intensificó las inspecciones en el sector de la marroquinería de la Sierra de Cádiz. Se persigue destapar una trama de facturas falsas que compraban empresarios de la piel para desgravar en sus declaraciones del IVA y de Impuesto de Sociedades. A partir de la documentación incautada, funcionarios de Vigilancia Aduanera, que trabajan en la llamada ‘operación Halcón’, detectan que algunas de las personas investigadas tienen bajas por incapacidad laboral que podrían no corresponderles. Los hechos se pusieron en conocimiento de la autoridad judicial: Así nació la ‘operación Karlos’.
La ‘operación Halcón’ contra el fraude fiscal y la ‘operación Karlos’ perseguían hechos delictivos distintos, afectaban a dos sectores profesionales muy diferentes, pero habían salido de un mismo cerebro. Carretero fue detenido el 6 de abril en el marco de la ‘operación Halcón’. Luego se supo el porqué del nombre: "Carretero es como un halcón, mira, divisa su presa y ahí ataca". Y un día después, la Guardia Civil detiene por orden del juez Juan José Parra a Francisco Casto, inspector médico de la Unidad de Valoración de Incapacidades de la provincia de Cádiz, del Servicio Andaluz de Salud. Casto se encargaba de supervisar las bajas que facilitaban los médicos de atención primaria y otros especialistas. Así caían los dos cabecillas de ambos fraudes.
Carretero, se supone, encabezaba una organización dedicada a la emisión y venta de facturas falsas que adquirían los empresarios de la marroquinería para obtener de forma irregular beneficios fiscales. Para evitar ser descubierto, iba creando de manera sucesiva empresas pantalla que emitían facturas falsas a nombre de testaferros insolventes y, en algunos casos, indigentes, a quienes ofrecía pequeñas cantidades a cambio de firmar papeles. Se convertían así, sin saberlo, en administradores de estas sociedades. El golpe al fraude público fue total. Hubo algo más: el juez relacionó a Carretero con la organización dedicada a la concesión de incapacidades ilegales por procedimientos ilegales con la colaboración, presuntamente, del doctor Casto, quien desde 2003 firmó en torno al millar de propuestas favorables de invalidez. De arreglo a la información de la Guardia Civil, Casto se encargaba de supervisar la documentación necesaria para iniciar los expedientes de incapacidad laboral para que éstos pasaran sin dificultad todos los controles de la Administración, por lo que cobraba diversas cantidades de dinero. Asimismo, la Guardia Civil sospechaba que algunos de los cuatro médicos implicados podrían haber falsificado varios informes médicos para avalar enfermedades que dieran origen a la incapacidad laboral y a la prestación de la ayuda.
Junto a los cabecillas de la trama de los informes médicos falsos, Carretero y Casto, están supuestamente implicados facultativos, buscadores de clientes, compradores de las bajas, beneficiarios de esas incapacidades definitivas por las que pagaban familiares o amigos y hasta personas que se hacían pasar por los beneficiarios, en perfecto estado físico, para facilitar la deseada pensión. La operación, por fin, se cerró con 28 detenidos y 10 imputados. Las escuchas telefónicas, muy discutidas al haberse obtenido mientras se investigaba otro delito, habían permitido reconstruir toda una trama. Fue cosa de coser y cantar.
La Guardia Civil se encontró con un auténtico laberinto familiar: Descubrieron que, en ambas operaciones, estaba Elisa Isabel Calvente Gil, novia y secretaria del cerebro de la trama. A su vez, la madre de Calvente, Isabel Gil Borrego, también aparecía imputada por, supuestamente, haber suplantado a Remedios Torres, madre de María José Campanario, en una revisión médica para que la suegra de Jesulín de Ubrique consiguiera una incapacidad. De igual manera, Juan de Dios Calvente Gil, número 2 en las listas del PP en las elecciones municipales de 2003 en Villaluenga del Rosario (Cádiz), se encontraba en libertad provisional con cargos por el fraude fiscal y es, a la vez, hermano de Elisa Isabel Calvente e hijo, por tanto, de Isabel Gil Borrego. A este laberinto familiar se suman otros matrimonios, hermanos implicados y otros vínculos familiares.
Luego llegó el plan en un restaurante de Castellón. Allí se encontraba José Luis López, conocido por ‘El Turronero’. ‘El Turronero’ es un empresario muy conocido y polémico en la provincia de Cádiz. Es propietario de la empresa constructora Gestión Inmobiliaria Ubriqueña y tiene especiales intereses en Jerez, ciudad de la que es uno de los grandes propietarios de suelo y en la que ha sido intermediario en importantes operaciones de compra de terrenos. Además, es íntimo amigo del exalcalde Pedro Pacheco. También estaban presentes en el restaurante Jesulín de Ubrique, María José y su madre Remedios Torres. Había que suplantar a Remedios Torres. Para ello, eligieron a la madre de Elisa Calvente. El pacto era de 18.000 euros, cuando se pagaban esos favores entre los 9.000 y 24.000 euros. Y empezaron los trámites.
Sin haber dado palo al agua, Remedios fue inscrita en dos sociedades de Carretero. Los médicos Luis Carretero y, más tarde, Harold Escalante, extendieron su parte de baja a ‘la suplente’ de la madre de María José Campanario sin apenas reconocerle. Carretero y Casto pasaron seis meses en prisión; el resto pagó sus fianzas.
El proceso se alargó durante años por la oposición de las defensas, que reclamaban la nulidad de los pinchazos telefónicos. El pasado viernes, en la tercera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Cádiz, el tribunal dio validez a las escuchas. Quince de los 24 acusados habían pactado la condena con el fiscal declarándose culpables, incluido Carretero. Campanario no lo hizo y de sus ojos afloraron entonces lágrimas.
El juicio sigue adelante.