- El TSJA habilita una sala con pantallas digitales para la prensa
- Se ha acotado una zona en el exterior de la Audiencia para conexiones en directo
- Junto a la esposa de Jesulín de Ubrique se sienta su suegra
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tenido que realizar un sobreesfuerzo para habilitar las dependencias judiciales de la Audiencia Provincial de Cádiz para la celebración de la vista oral de la‘operación Karlos’ por fraude a la Seguridad Social.
Casi 90 profesionales de 38 agencias de comunicación, además de periódicos, revistas y cadenas de televisión se han acreditado para recoger cómo María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique, se sienta en el banquillo de los acusados.
Es su carácter público lo que ha despertado tanto interés mediático. Entre la treintena de acusados, junto a Campanario, se sienta también su madre, Remedios Torres, presunta beneficiada por una pensión de invalidez por la que, previamente, según la acusación de la Fiscalía, su hija habría llegado a pagar 18.000 euros.
Una trama de compra y venta de informes médicos para estafar a la Seguridad Social, envuelta en papel cuché, y que a partir de las cuatro de la tarde de este lunes se rodeará de conexiones en directos y carreras a las puertas del Palacio de Justicia, en un intento por recoger las impresiones de los principales implicados.
Para organizar el ‘desembarco’ periodístico, el TSJA ha habilitado una de las salas de vistas para acoger a los medios informativos, que podrán seguir el desarrollo de juicio en pantallas digitales. Además de acotar una zona en el exterior para poder realizar las conexiones en directo.
Está previsto que el juicio se prolongue durante 18 jornadas, repartidas en las próximas semanas hasta el 10 de junio.
Junto a Campanario y su madre, se sientan en el banquillo el ex jefe de la Policía Local de Ubrique Carlos Carretero, considerado el principal responsable de esta trama, además del inspector médico Francisco Casto. Serán también procesados médicos de la sanidad pública y presuntos beneficiarios por las pensiones de invalidez concedidas con informes falsificados