Casto y Campanario optan de momento por afrontar la vista oral de la Operación Karlos y defender ante el tribunal que son inocentes · La Audiencia Provincial amplía el número de jornadas del juicio
Carlos Carretero, en el verano de 2006, cuando pagó una fianza que le impuso el juez instructor de la Operación Karlos y salió de prisión.
Unos quince procesados de la Operación Karlos están intentando alcanzar un acuerdo con el fiscal. Entre esos acusados que están dispuestos a admitir su culpabilidad a cambio de una condena inferior a la que ahora solicita para ellos la Fiscalía se encuentra Carlos Carretero, exjefe de la Policía Local de Ubrique. Carretero y el inspector médico Francisco Casto Pérez Lara son los dos principales encausados. El fiscal pide para cada uno de ellos diez años de prisión por estafa, falsedad y cohecho. Para otros procesados, el fiscal solicita penas más bajas. Los que buscan un pacto quieren condenas no superiores a dos años, lo que les da la posibilidad de eludir la entrada en prisión.
La Operación Karlos desmanteló en 2006 una supuesta trama para la obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad laboral de la Seguridad Social destinadas a personas que pagaban por ello diversas cantidades de dinero. El fiscal acusa a 24 personas pero en el banquillo se sentarán 30. Al resto los acusan la Junta de Andalucía y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, personados en la causa.
El juicio comenzará el próximo 11 de abril en la Audiencia Provincial de Cádiz. En principio estaba planteado para 18 jornadas en varias fechas a lo largo de tres meses, la última el 10 de junio. Pero ayer la Sección Tercera de la Audiencia, encargada de juzgar este asunto, decidió ampliar el número de días para la vista oral.
Entre los acusados que están intentando lograr un pacto con la Fiscalía no se encuentran ni Casto ni María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique. El fiscal sostiene que Campanario, para quien solicita 4 años y 6 meses de prisión, entregó a Carretero 18.000 euros para poner en marcha las actuaciones destinadas a obtener una pensión por incapacidad laboral para su madre, que ni siquiera trabajaba. Tanto Campanario como Casto han optado de momento por afrontar el juicio y defender allí que son inocentes.
El fiscal ha mantenido ya reuniones con los abogados de varios procesados para hablar sobre la posibilidad de acuerdo. En principio, unos quince acusados están dispuestos a pactar pero no hay nada cerrado. Ese número puede crecer o disminuir de aquí al inicio del juicio, tanto por decisión del fiscal como de los procesados.
Los procesados ponen condiciones para declararse culpables (fundamentalmente, salvo Carretero, que la pena no supere los dos años) pero también el fiscal tiene las suyas. La principal, que paguen las multas y las indemnizaciones a la Seguridad Social que señala el escrito de acusación provisional. Otra, que respondan a las preguntas que el fiscal quiere hacerles en el juicio y que admitan así su participación en los hechos tal y como la relata el escrito de calificación. O incluso que amplíen detalles.
Ese trago crea problemas a algunos procesados. Sus abogados se plantean intentar que el fiscal acepte otra fórmula distinta a esa que pone a un acusado en una situación muy complicada ante otro procesado que se declara inocente.
Sería el caso de Carlos Carretero, que se vería en el brete de explicar en el juicio, ante el tribunal y en presencia del inspector médico Francisco Casto Pérez Lara, cómo ellos dos se pusieron de acuerdo para poner en marcha el plan de obtención fraudulenta de pensiones con el objetivo de beneficiarse económicamente de forma ilícita, que es la versión que relata el fiscal en su escrito de acusación