El de la capital almeriense soporta un gasto de 287 euros por cada una de las 183 medidas de arbitraje realizadas en el periodo analizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía
La Cámara de Cuentas de Andalucía incluyó en el Plan de Actuaciones del ejercicio 2010 una fiscalización horizontal denominada “Análisis de la competencia municipal sobre la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios en determinados ayuntamientos”, y en él se han incluido los municipios de Almería capital, Adra, Garrucha, Berja y La Mojonera.
En el informe se analiza la actividad desarrollada en el ejercicio 2009 en relación con esta competencia municipal en 36 ayuntamientos de los 229 que disponían de Oficinas Municipales de Información al Consumidor (en adelante OMIC), según la información publicada en la página web de la Dirección General de Consumo, a junio de 2010, lo que representa el 16% de éstos.
Los municipios analizados han sido divididos de acuerdo con la siguiente clasificación: grupo 1, integrado por veinte ayuntamientos que tienen una población superior a 20.000 habitantes: Sevilla, Córdoba, Granada, Almería, El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera, Mijas, Alcalá de Guadaíra, Torremolinos, Motril, Antequera, Lucena, Puerto Real, Los Palacios y Villafranca, Úbeda, Rota, Lepe, Adra, Baza y Ayamonte; y, grupo 2, integrado por dieciséis que poseen una población inferior: Marchena, Moguer, Bailén, Albolote, Ubrique, Berja, Aguilar de la Frontera, Álora, Tocina, Villanueva del Arzobispo, Garrucha, Vegas del Genil, El Cuervo de Sevilla, La Mojonera, Aracena y Benalup-Casas Viejas.
En cuanto a la dotación de personal, el número de empleados que se dedican a la prestación de este servicio en los ayuntamientos analizados, en el grupo de mayor población, oscila entre los 28 trabajadores de Sevilla y un único trabajador en los ayuntamientos de Adra, Alcalá de Guadaíra, Antequera, Baza, Lepe y Úbeda. Respecto a los dieciséis ayuntamientos de menor población (grupo 2), todos disponen de un empleado para esta actividad.
En los ayuntamientos del grupo 1, la dotación de personal adscrito a los servicios relacionados con la defensa de los derechos de los consumidores representan por término medio el 0,6% del total del personal empleado en el ayuntamiento.
Los ayuntamientos de Almería, Chiclana de la Frontera, Granada, Lucena y Motril, muestran valores próximos al 1%. En cambio, los ayuntamientos de Alcalá de Guadaíra, Antequera y Lepe muestran el menor peso de la dotación de empleados en relación con el total de empleados municipales, con porcentajes inferiores al 0,4%.
En los ayuntamientos del grupo 2 el valor medio de la dotación del personal asignado a las funciones que se analizan se sitúa en el 1,1% respecto al total de empleados del ayuntamiento. Presentan valores superiores a esta media los ayuntamientos de Aracena, Benalup-Casas Viejas, El Cuervo, Garrucha, Tocina, y Villanueva del Arzobispo, mientras que los valores más bajos (alrededor del 0,5%) corresponden a Moguer, Bailen y Marchena.
En cambio, la menor dotación desde este punto de vista con valores inferiores a 0,5 trabajadores por cada diez mil habitantes, corresponde a los ayuntamientos de Adra, Alcalá de Guadaíra, Antequera, Baza, Córdoba, Lepe, Sevilla y Úbeda.
De los ayuntamientos que prestan el servicio directamente destacan Aracena, Garrucha y La Mojonera con valores superiores a un trabajador por cada diez mil habitantes.
En cuanto al gasto destinado a las actividades de defensa de los derechos de los consumidores, en los ayuntamientos del grupo 1 el valor medio se situó en el 0,17% de su gasto total. Este porcentaje resulta inferior al obtenido en el grupo 2, que fue del 0,21%.
Entre los ayuntamientos que reflejan un mayor impulso de la actividad que se analiza, manifestado en un porcentaje de gasto en esta materia respecto al gasto total superior o igual a 0,20%, y en un gasto por habitante superior o igual a 2€, se encuentran los siguientes ayuntamientos del grupo 1: Chiclana de la Frontera, Granada, Rota y Sevilla y, sobre todo, Motril y Torremolinos. En el grupo 2, se encuentran los ayuntamientos de Aguilar de la Frontera, Aracena, Berja, Garrucha, La Mojonera y Ubrique y, sobre todo Albolote.
Por el contrario, entre los ayuntamientos que destinaron a esta actividad un menor porcentaje de gasto (inferior a 0,10% y muestran un gasto por habitante inferior a 1€, se encuentran los ayuntamientos de Alcalá de Guadaíra, Antequera y Puerto Real (grupo 1), más Álora, El Cuervo de Sevilla y Marchena (grupo 2).
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También se ha utilizado un indicador que mide el número de consultas, quejas, reclamaciones y denuncias tramitadas por empleado de la OMIC.
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Los ayuntamientos de Úbeda (857), Antequera (528) y Adra (527) (grupo 1); y Aguilar de la Frontera (588) y Ubrique (556) (grupo 2), son los que reflejan el mayor número de quejas, reclamaciones y denuncias por empleado.
Los ayuntamientos de Torremolinos (54) y Baza (67) (grupo 1), y Tocina (2), Garrucha (13), Álora (40), La Mojonera (52), Vegas del Genil (60) y El Cuervo de Sevilla (64) (grupo 2), reflejan un número de quejas, reclamaciones y denuncias por empleado inferior a 100.
Se exponen igualmente los resultados del indicador que evalúa el gasto medio que supone para el ayuntamiento la tramitación de estas quejas, reclamaciones y denuncias. Los resultados obtenidos permiten clasificar a los ayuntamientos en dos categorías:
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La primera corresponde a los que reflejan un gasto por queja, reclamación o denuncia inferior a 100€. De entre los ayuntamientos que prestan el servicio directamente destacan Adra, Antequera, Lucena y Úbeda (grupo 1); y Aguilar de la Frontera, Bailén y Ubrique (grupo 2). Esta circunstancia se explica porque son ayuntamientos que muestran un elevado volumen de quejas, reclamaciones y denuncias tramitadas en relación con el gasto efectuado.
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Entre los ayuntamientos que prestan el servicio de OMIC indirectamente, destacan Alcalá de Guadaíra, Almería, Puerto Real (grupo 1), y Benalup-Casas Viejas, El Cuervo de Sevilla, Marchena y Villanueva del Arzobispo (grupo 2), debido al menor gasto que representan los convenios o contratos en relación con el volumen de quejas, reclamaciones o denuncias tramitadas.
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En la segunda categoría se encuentran once ayuntamientos del grupo 1, y cinco del grupo 2, que reflejan un gasto por queja, reclamación y denuncia que oscila entre los 100 y 300€. Los valores más elevados de este indicador, superior a 300€, corresponden a Baza y Torremolinos (grupo 1); y Albolote, Garrucha y La Mojonera (grupo 2), debido al escaso número de quejas, reclamaciones y denuncias tramitadas en relación con el volumen de gasto reflejado en el ejercicio 2009.
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No obstante, en el caso del Ayuntamiento de Garrucha los datos están referidos a la mitad del ejercicio.
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Por último, los ayuntamientos de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla, han asumido la inspección de consumo con un alcance limitado y gestionan la Junta Arbitral de Consumo. El número de solicitudes de arbitraje recibidas por empleado es mayor en Almería y Sevilla, con 183 y 169, respectivamente; ello supone un gasto medio de tramitación por cada una de ellas de 287 € y 326 €. Por el contrario, en relación con los ayuntamientos de Córdoba y Granada, se recibieron 83 y 67 solicitudes de arbitraje por empleado, respectivamente, lo que supone un gasto medio de tramitación por cada una de ellas de 692,7 € y 694,3 €, respectivamente.
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