Según Ecologistas en Acción, "Estando finalizándose las Diligencias Previas que instruyen el Juzgado de Ubrique por el caso de presunta corrupción urbanística en Grazalema, la jueza ha dictado un auto en el que asegura estar “acreditado inicialmente que el arquitecto técnico del Ayuntamiento cobraba comisiones a constructoras y otros profesionales de la construcción por la concesión para la realización de obras”.
La causa abierta por el Juzgado de Ubrique a raíz de la operación “Pinsapar” que desarrolló la Guardia Civil, tiene su origen en las denuncias presentadas en octubre de 2005 por Ecologistas en Acción por el desvío del río Guadalete en pleno casco urbano de Grazalema para permitir la construcción de un bloque de pisos al que el Ayuntamiento de Grazalema concedió una licencia ilegal en agosto de 2005, siendo alcaldesa Mª José Lara. Un bloque construido anteriormente, también ilegal, contó con licencia de su antecesor y tío Antonio Mateos. Tras dichas denuncias, la alcaldesa se vio obligada a paralizar las obras, provocando un escándalo que terminó en los juzgados en 2006 con acusaciones mutuas entre los constructores, el técnico municipal y alcaldesa.
Tras cinco años de instrucción, la jueza entiende que el ex arquitecto técnico municipal, los promotores del bloque de pisos de la Plaza de la Asamblea -la empresa Inmocentral-, el anterior alcalde, la actual alcaldesa y dos concejalas más pudieron incurrir en sendos delitos de cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y contra la ordenación del territorio.
La existencia de una trama corrupta en el Ayuntamiento de Grazalema era del perfecto conocimiento del anterior alcalde, de la actual alcaldesa y de los máximos responsables del PSOE gaditano. Desde el año 2000 Ecologistas en Acción ha venido presentando numerosas denuncias por infracciones urbanísticas en Grazalema, sin que el Ayuntamiento abriera expediente alguno. Al investigar la inactividad municipal ante estas ilegalidades, pudimos comprobar como desde la Oficina Técnica se elaboraban informes que, falseando las normas municipales, aseguraban sistemáticamente que las obras denunciadas eran legales. La respuesta del entonces alcalde Antonio Mateos fue apoyar al técnico municipal Juan Prieto.
Cuando Prieto se construyó una casa manifiestamente ilegal en suelo no urbanizable del Parque Natural fue denunciada por Ecologistas en Acción. El anterior alcalde le pidió al mismo Prieto un informe, en el que concluía que su casa era legal. Al final han tenido que abrirle expediente y decretar su demolición, reconociendo los promotores de los mencionados bloques de la Plaza de la Asamblea que realizaron las obras de forma gratuita como pago de los favores recibidos.
Ante estos graves hechos, en noviembre de 2003 remitimos una amplia denuncia al alcalde en la que, tras hacer una pormenorizada relación de los informes ilegales que venía realizando el técnico municipal para favorecer a determinados promotores, concluíamos:
“Es por tanto evidente la veracidad de las acusaciones efectuadas por Ecologistas en Acción, en el sentido de que la Oficina Técnica de ese Ayuntamiento viene realizando informes que contradicen la legislación urbanística y medioambiental vigente… por tanto le solicitamos que inicien las acciones legales oportunas contra el responsable de dichos informes, ya que se podría estar incurriendo en posibles delitos de prevaricación y falsificación de documentos públicos”.
Desde entonces Ecologistas en Acción ha venido solicitando de forma infructuosa que se nos informe de las actuaciones que ha realizado el Ayuntamiento ante estas denuncias, Ni antes Antonio Mateos, ni después Mª José Lara, hicieron nada al respecto, habiendo desaparecido todas las denuncias de Ecologistas en Acción de los archivos del Ayuntamiento, a pesar de que constan en el registro de entrada del Ayuntamiento y tenemos copia sellada de las mismas. Dichas denuncias han sido aportadas a la instrucción y constan como prueba de cargo.
El Ayuntamiento nunca abrió expediente alguno por estas infracciones urbanísticas ni por la actuación manifiestamente ilegal de la Oficina Técnica, pero acometió una campaña de acoso contra el principal denunciante de esta trama de corrupción, Juan Clavero, llegando la actual alcaldesa a decretar la demolición de la vivienda de su familia en Benamahoma, represalia de la que tuvo que dar marcha atrás ante la demanda judicial que le presentaron.
En vista de esta situación, Ecologistas en Acción presentó denuncia en numerosos organismo –Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema, Consejería de Obras Públicas, Delegación del Gobierno de la Junta, Diputación provincial…-, sin que ninguno abriera investigación alguna por los graves hechos denunciados. Ya en diciembre de 2001 Ecologistas en Acción remitió a Francisco González Cabañas, en su calidad de secretario general del PSOE de Cádiz, un escrito donde se le exponía las actuaciones urbanísticas ilegales del Ayuntamiento de Grazalema. Nunca nos contestó. Ante nuestra insistencia, su Jefe de Gabinete, Francisco Aído, nos remitió al entonces Diputado del Área de Cooperación Municipal, y actual consejero de Gobernación Francisco Menacho, para que nos atendiera. Hasta la fecha.
Ecologista en Acción entiende que por acción u omisión existe una clara responsabilidad política de los máximos dirigentes del PSOE a nivel local y provincial por la trama de corrupción que se ha destapado en la localidad de Grazalema, y no se entiende que personas que desde responsabilidades políticas han amparado la corrupción, no actuando cuando se ha denunciado, se vuelvan a presentar de nuevo para ostentar cargos públicos. El PSOE tendrá que dar explicaciones", según Ecologistas en Acción,
