El Ministerio alerta de la indefensión de estos enfermos, cuyo número va en aumento entre la población joven debido al consumo de hachís
Son los grandes olvidados de la sociedad y se mueven en un limbo permanente sin que nadie termine de tener una responsabilidad clara sobre ellos. Desde que se eliminaran los psiquiátricos como tales (medida orientada a la supuesta integración de los pacientes a nivel social), los enfermos mentales pisan cárceles, sobreviven en domicilios particulares con familiares a sus expensas y en el mejor de los casos aguardan durante meses y años a la espera de una plaza en algún centro especializado.
En los últimos tiempos, la implicación de estas personas en hechos delictivos se ha multiplicado, algo que se fundamenta tanto en el desamparo y la falta de asistencia que padecen, como en el aumento de ciudadanos que comienzan a sufrir esta enfermedad motivado por el consumo de drogas. Una realidad puesta de manifiesto por la Fiscalía de Jerez, que ha alertado del creciente número de casos en los que se ven involucrados y del problema social (que no jurídico) que se esconde tras ello.
Según fuentes del Ministerio, éste recibe al menos a cuatro enfermos mentales al mes que han sido arrestados por la Policía y con los que el sistema no sabe muy bien qué hacer. La primera dificultad radica en que muchos de ellos no están diagnosticados (algo que ocurre especialmente con los inmigrantes), por lo que lo más habitual es que se les juzgue mediante el procedimiento normal y acaben en la cárcel.
La prisión, sin embargo, no es el lugar más adecuado para ellos, como explican estas fuentes. «No se pueden mezclar con los reclusos y no se les puede condenar, porque no saben que cometen delitos». Cuando, por contra, los enfermos mentales sí cuentan con un cuadro clínico establecido, son sometidos a juicio pero lo lógico es que el fiscal solicite su absolución y su internamiento en un centro penitenciario psiquiátrico.
Aquí aparece otro nuevo escollo en el camino, puesto que en España tan sólo existen dos recintos de estas características (uno en Alicante y otro en Sevilla), que se encuentran prácticamente saturados. Otra de las opciones sería la de pedir plaza en un centro especializado de Ubrique (uno de los pocos que están habilitados en la zona), pero al que también resulta difícil acceder debido a la demanda.
El ‘abandono’ de las familias
Un problema no menos grave, como apuntan las mismas fuentes, es el que se genera en el día a día de los que conviven con estos enfermos y sufren en sus carnes sus brotes y todo lo que conlleva estar permanentemente pendientes de ellos. «Hay millones de madres que acaban denunciando a sus hijos esquizofrénicos, algunas les tienen pavor y duermen incluso con cuchillos bajo la cama. No saben qué hacer con ellos, porque no suelen ser conscientes de que están enfermos y no se toman la medicación».
Como se ha señalado anteriormente, la cuestión se agudiza si se tiene en cuenta que el consumo de drogas, en especial de hachís, está provocando brotes esquizofrénicos en personas muy jóvenes que en ocasiones derivan en psicopatías. La consecuencia de ello, como lamentan desde la Fiscalía, es que un problema social se judicializa.
Ante este panorama, insisten en que lo peor que se puede hacer es mandarlos a la cárcel y piden la intervención de las administraciones y la creación de más centros especializados en los que se les trate con todas las garantías. «Ha habido casos en los que hemos tenido que pedir la intervención del defensor del ciudadano para que medie. Estas personas y sus familias están indefensas, y alguien le tendrá que poner freno a una situación que empeora con el tiempo». Mientras tanto, ellos luchan por sobrevivir en una sociedad que parece no disponer de los medios necesarios para su asistencia y su integración real.