Las dilaciones indebidas durante diez años juegan a su favor La Abogacía del Estado exige el pago de las cantidades defraudadas para cualquier acuerdo en la primera vista preliminar
Diecinueve de los veinte acusados por la ‘Operación Halcón’ se dieron cita ayer en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez en una vista preliminar de cara a ir conformando las acusaciones y posibles acuerdos de conformidad sobre las solicitudes de condena que pida el ministerio público, ayer representado por el fiscal jefe de Jerez, Francisco García Cantero. La presidencia de la sala recayó sobre la máxima responsable de la Sección Octava de Jerez, la magistrada Lourdes Marín. Según pudo saber este medio, la mujer que no acudió se encuentra en paradero desconocido, lo que no impidió que la vista preliminar avanzara.
El caso, como se recordará, se basa a grandes rasgos en la creación de empresas ficticias que emitían facturas falsas que se vendían a empresas para que obtuvieran beneficios fiscales.
El principal impedimento vino por parte de la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular, que reconoció tener órdenes de no pactar conformidad alguna (el reo acepta la pena impuesta y se evita la celebración del juicio) si estos no pagan el dinero que adeudan al erario público. Hubo un serio debate a este respecto, ya que dicho dinero se consideraría una responsabilidad civil que el Estado deberá cobrar una vez las sentencias sean firmes siempre y cuando los condenados no sean insolventes.
Otro dato especialmente importante radica en el hecho de que el caso fue instruido hace más de diez años, lo que da lugar a unas dilaciones indebidas totalmente acreditadas que podrían suponer que gran parte de los veinte acusados no pasaran por prisión al conformarse con unas hipotéticas condenas inferiores a dos años. Como es sabido, según el Código Penal el reo no tiene por qué ingresar en prisión la primera vez que delinque siempre y cuando dicha pena no supere los referidos 24 meses de prisión.
Las partes, a estas alturas del mes de julio y teniendo por delante el ‘inhábil’ mes de agosto, se han citado para otra vista preliminar el próximo mes de septiembre, que será cuando presumiblemente se alcancen acuerdos que dejarían a la inmensa mayoría de los veinte acusados en libertad pero con responsabilidades civiles que incluso podrían provocar el embargo de las propiedades que tuvieran. Lo lógico sería que avalaran dicha responsabilidad civil con aquello que poseyeran. Cabe destacar que hasta el momento ninguno de los acusados ha satisfecho la deuda que, presuntamente, mantienen con la Hacienda Pública.
De otro lado se encuentran cuestiones tales como las dudas que planean en torno a las falsedades que se imputan a buena parte de los acusados. Se abrió incluso un debate en el que se aseguró que dichas falsedades ya han sido juzgadas y por tanto no pueden serlo de nuevo, y hay también quienes mantienen que el hecho de que se hayan juzgado casos relacionados ya impide que se pueda hablar de una falsedad continuada, lo que igualmente beneficiaría a los inculpados.
El principal acusado de la ‘operación Halcón’ fue el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, en prisión por la ‘operación Karlos’. Acudió esposado a la sala y vigilado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía.